testimonios + 2003, julio 16, Las víctimas y su lucha por el resarcimiento [1]

Desde hace más de una década, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos hemos venido trabajando por la existencia de un Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del genocidio y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, especialmente en los períodos más cruentos dirigidos por los Generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt.

Nuestros esfuerzos se vieron reforzados por los Informes del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica REMHI-, Guatemala Nunca Más, y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Memoria del Silencio, que en sus recomendaciones incluyen el resarcimiento. A pesar de esos esfuerzos, es hasta finales del año pasado que se logró negociar con el poder ejecutivo el contenido de este Programa, cuya Comisión se instala el día de hoy y en la cual participan cinco miembros electos por las organizaciones de la sociedad civil, quienes llevarán el sentir de las víctimas.

Este programa ha sido construido con la participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos aglutinadas alrededor de la Instancia Multi Institucional por la Paz y la Concordia, pero es un programa para TODAS las víctimas del genocidio y de las violaciones a los derechos humanos, tanto para las víctimas individuales como colectivas, para las de las ciudades y las del campo, para las indígenas y las ladinas.

Es un programa para todos los hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas que fueron victimizados durante la guerra. Para todos aquellos que fueron víctimas de la desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, de desplazamiento forzado, de violaciones a los derechos de la niñez guatemalteca, para las víctimas de violencia sexual y para los menores de edad que fueron reclutados forzadamente para el ejército o las PAC. Es también un programa que va a resarcir a las víctimas de las masacres, especialmente del genocidio cometido contra el pueblo maya.

Lamentamos que la instalación de esta Comisión sea hasta el día de hoy, después de que el gobierno iniciara el pago de indemnización a las patrullas de autodefensa civil, muchos de quienes actuaron como victimarios en la guerra y sirvieron al ejército en su política contrainsurgente y de tierra arrasada. Este hecho no sólo agrede a las víctimas, sino dificulta la reconciliación en las comunidades.

También lamentamos que se instale casi al final del período de gobierno, lo cual no nos garantiza su seguimiento, pero esperamos y trabajaremos por el compromiso del próximo gobierno para mantener este Programa. Por eso creemos que el Resarcimiento no debe ser cuestión de un gobierno, sino un compromiso de Estado.

Asimismo, es terrible que hoy las víctimas del genocidio y las violaciones a los derechos humanos también estén enfrentando la actitud de algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que dieron un fallo político disfrazado de fallo jurídico y, retorciendo la Constitución, autorizaron la inscripción de Ríos Montt como candidato a la Presidencia, siendo que éste se encuentra procesado por el delito de genocidio contra el pueblo maya guatemalteco.

Es preciso mencionar que durante el proceso de negociación de este Programa, la bancada del FRG en el Congreso se negó a aprobar la Ley Nacional de Resarcimiento, que le daría mayor solidez y presupuesto a la>Comisión. Es evidente que aquellos que albergan en su seno a varios de los responsables del genocidio y las violaciones a los derechos humanos, no quieren que las víctimas ejerzan su derecho al resarcimiento.

Sin embargo, así como trabajamos durante años por tener hoy este Programa de Resarcimiento y trabajamos también porque se logre la justicia para las víctimas del genocidio y de las violaciones a los derechos humanos, es necesario que todos trabajemos juntos para lograr que este resarcimiento llegue hasta el último de los rincones del país, hasta todas las víctimas, y que nadie se quede atrás ni a un lado, sino que podamos construir juntos un nuevo futuro para los guatemaltecos y guatemaltecas, en donde el conocimiento de la verdad, el derecho a la justicia y al resarcimiento y la reparación, se conviertan realmente en la base de un proceso de reconciliación nacional que dista mucho de ser una realidad o una verdadera posibilidad el día de hoy.

Una cosa que debemos tener clara es que el hecho de recibir el resarcimiento no nos quita el derecho a conocer la verdad de lo sucedido durante la guerra, así como a seguir los juicios necesarios para castigar a los responsables del genocidio y las violaciones a los derechos humanos, por los crímenes cometidos. La justicia es reparadora en sí misma y nos ayudará a recuperar nuestra dignidad y la de nuestros seres queridos que fueron victimizados.

Instamos a todas las organizaciones y personas de la sociedad, comprometidas con las víctimas del genocidio y las violaciones a los derechos humanos, a aunar esfuerzos y no dejarnos dividir por las fuerzas oscuras que prevalecen en nuestro país, que creen que dividiendo pueden vencer los verdaderos intereses de los guatemaltecos y guatemaltecas.

Hacemos un llamado a las comunidades, familias y personas que fueron víctimas de la guerra, para que se organicen y acudan a los centros de recepción de datos que la Comisión debe instalar por todo el país. De esta manera será más fácil optar al resarcimiento y reparación que, de acuerdo a esta ley, les corresponde.

[1] Intervención de Ruth del Valle Cóbar, en nombre de la Instancia Multi Institucional por la Paz y la Concordia, en el acto de instalación de la Comisión Nacional de Resarcimiento, Teatro Nacional, 16 de julio de 2003.

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